Santo Domingo.- Siguen las opiniones sobre el paro del Colegio Médico Dominicano (CMD) para presionar a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), para que entre otras demandas aumenten sus honorario por servicios prestados.
Aunque todos parecen estar de acuerdo con que el CMD tiene derecho a demandar lo que considera justo por el trabajo de sus miembros, ninguno respalda los métodos usados para tales fines.
Al respecto, el economista y experto en seguridad social Jefry Lizardo, expreso que el paro de los servicios médicos a los afiliados de las ARS incrementa el gasto de bolsillo, deterioran la salud de los enfermos crónicos y aleja a los pacientes que no pueden pagar.
Le puede interesar:
Jefry Lizardo: paros médicos deterioran pacientes, pero reclamo de tarifa es válido
El también director del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), agregó que es válido el reclamo de mejores tarifas elevado como consigna por el CMD y las sociedades especializadas, pero tras explicar que, el sistema de salud dominicano depende de cotizaciones de los trabajadores que van al Fondo Privado de la Salud de las Personas, del cual se saca la cápita, calificó de desmedida la exigencia del gremio médico, por entender que va más allá de la disponibilidad del fondo.
Observó que sólo da para aumentar 55 pesos la cápita de los afiliados y con ello se derivaría el incremento a los galenos, clínicas y laboratorios.
Recordó que en el 2019 se aumentó la cápita a las ARS “y ese fue el único aumento, un aumento de 15 por ciento a las clínicas y 200 pesos a los médicos”.
De igual forma, el exgerente del Consejo Nacional de Seguridad Social, Arismendi Díaz Santana expresó que el CMD sigue atrapado en tres grandes contradicciones, mientras suspende nuevos servicios de salud, tanto públicos como privados.
Le puede interesar:
En la publicación del periódico Hoy, bajo la firma de la periodista Altagracia Ortiz, el exfuncionario con amplia experiencia en seguridad social, afirmó que la primera contradicción, es declarar una guerra frontal a las ARS para eliminarlas, y les suspende los servicios para debilitarlas, con lo cual lo único que logra es reducir la demanda y las facturas de las prestadoras, elevando los beneficios de las ARS.
La segunda es la proclama que defiende el derecho de la población a una mayor cobertura y a una atención médica integral, mientras le coarta el acceso a los servicios de salud, aumentando la inseguridad social de millones afiliados.
La tercera contradicción es la demanda de mejores tarifas sin aumentar los copagos, pero obliga a cientos de miles de afiliados a realizar gastos millonarios de bolsillo, para tener acceso a un servicio al que tienen legítimo derecho.
“No hay que ser un experto para concluir que, en este caso, el remedio resulta peor que la enfermedad. Equivale al cuento del dentista que extrajo la muela buena, dejando intacta la mala. consideró.
Le puede interesar:
Fundaciones de pacientes piden al CMD no afectar salud de los afiliados
En tanto que, el doctor Ricardo Espaillat del Partido Renovador Reformista (PRR) condenó el conflicto por que priva a miles de dominicanos de usar los servicios regulares de salud en los centros privados.
Consideró que es perjudicial a la población y que sustenta en la falla que tiene la ley 87-01 de Seguridad Social, quita autoridad al Estado para tomar decisiones en el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).
En tal sentido, llamó a una urgente modificación de la ley de seguridad social para resolver el conflicto de gobernanza que otorga facultad de veto a las tres partes que componen el CNSS y ata de pies y manos a los representantes del Estado para tomar decisiones.
Explicó que esa situación de gobernanza en el CNSS inclina siempre la balanza en favor de los intereses de las ARS y las AFP en detrimento de los trabajadores y asegurados.
De igual modo, llamó al Colegio Médico Dominicano, a los legisladores, a los demás partidos políticos y a la sociedad civil para que “nos aboquemos a consensuar una ley de seguridad social justa, que ponga en primer plano al ser humano por encima de los intereses pecuniarios”.
Recordó que la actual ley de seguridad social 87-01 no satisface las necesidades en materia de salud ni de pensión de los dominicanos, por lo que se impone su urgente modificación.
Por Gabriela Mora
