Santo Domingo.- El aviso mediante el cual ofertaban los servicios rezaba: “obtén aquí tu licencia médica”, mientras que, los precios variaban según los días.
El Ministerio Público dictó prisión preventiva a siete médicos -cuatro hombres y tres mujeres- por supuestamente liderar la asociación acusada de emisión y venta de licencias médicas ideológicamente falsas, estafa, fraude de subvenciones del Estado y lavado de activos.
La Fiscalía Metropolitana Oriente de Santiago dijo que se trataba de una red de médicos extranjeros, principalmente colombianos que, durante tres años, según la acusación, emitió las licencias sin entregar atención real, provocando un perjuicio fiscal estimado en casi 800 millones de dólares. El tribunal que lleva el caso fijó un plazo de investigación de 120 días.
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En la misma audiencia realizada en el 14° Juzgado de Garantía de la capital chilena, el juez Carlos Muñoz Sepúlveda dejó a los otros 23 imputados del caso con medidas cautelares como arresto domiciliario y arraigo nacional. Los abogados de los acusados defienden su inocencia y alegan la falta de pruebas.
La prácticas de los médicos se puso en evidencia debido a un incremento en el número de licencias médicas, alertó el sistema de salud chileno.
Un doctor emite en promedio unas 140 licencias al año, pero las cifras de los médicos hoy en prisión preventiva alcanzaban las 1.600, lo que se traduce en una cada dos minutos, según la policía.
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Tras cinco meses de investigación, dieron con la organización. En la antesala a la audiencia, la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Oriente y la policía allanaron dos centros médicos y 32 recintos para detener a los 29 imputados.
Los imputados están divididos en tres grupos: los médicos que emitían las licencias falsas; los captadores, que se encargaban de publicitar y vender las licencias en redes sociales, y los representantes legales, que podían ser o no médicos, cuyo principal rol era realizar los trámites en Chile para que los profesionales pudieran ejercer la medicina, según explicó al diario La Tercera el subprefecto Marcelo Romero, jefe de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).
